El doctor Patarroyo y sus experimentos con la ley
Manuel Elkin Patarroyo, el científico más prestigioso de Latinoamérica, se enfrenta a un problema de difícil solución. Desde hace décadas, decenas de miles de monos silvestres han sido adquiridos de forma clandestina por su fundación para llevar a cabo los experimentos con los que trata de encontrar la vacuna contra la malaria. El asunto está en los tribunales; las pruebas incriminatorias son contundentes pero, ¿servirán para meter entre rejas a un premio Príncipe de Asturias?
El doctor Patarroyo saluda a un oficial de policía en las instalaciones de su centro de investigación en Leticia.
Texto por Carlos Suárez Álvarez. Fotos por Thomas Heflon, Lina Marcela Peláez, Fundación Entrópika, Policía Nacional de Colombia.
Publicado originalmente en el número 162 de la revista Cáñamo, junio de 2011.
Aquella mañana la policía incautó doscientos monos. “Venían en sacos, estaban muriendo”, recuerda con una mueca de tristeza el agente, que sabe de dónde procedían: “De Perú”. Y adónde iban: “Eehhh… Donde Patarroyo”. Lo sabe la policía, lo saben los biólogos, lo saben los indígenas, lo saben las autoridades ambientales. Aquí en Leticia, en la Amazonia colombiana, y en los pueblos brasileños y peruanos que se encuentran en esta triple frontera del corazón de la selva, todos saben que Manuel Patarroyo ha comprado, a buen precio, durante al menos veinticinco años, monos para la experimentación biomédica, en su búsqueda aún incompleta de una vacuna para la malaria. Merced a una compleja red de colectores e intermediarios nativos, decenas de miles de monos nocturnos, Aotus nancymaae, han cruzado la frontera de manera ilegal. De la libertad de la selva a la tortura de la experimentación, probablemente la muerte o, con suerte, a una liberación traumática; y el dinero que cambia de manos: se va a las comunidades convertido en algún bien de primera necesidad.
Pero después de décadas de descontrol a Patarroyo tal vez le cambie la suerte. La bióloga y conservacionista Ángela Maldonado, que trabaja en la región desde 2003, está decidida: “Me dije: toca hacerlo. Todos lo sabíamos pero nadie quería tomar la iniciativa porque Patarroyo es una vaca sagrada”. Tras recopilar pruebas de peso, Maldonado le ha dado un nuevo empujón a un proceso judicial que colea desde hace años. De ser declarado culpable, Patarroyo podría ir a la cárcel, porque con este trasiego internacional de monos se incurre, según el código penal colombiano, en dos delitos: experimentación biomédica ilegal y aprovechamiento ilícito de recursos naturales.
Sólo ahora es notorio lo que entre biólogos que trabajaban en la zona era desde hacía años vox pópuli. Ya en noviembre de 2007, tras una inspección de Corpoamazonía, el ente gubernamental encargado de velar por la normativa medioambiental, un funcionario se atrevió a denunciar lo evidente: “Existían en la estación de primates un total de 640 animales de los cuales alrededor de un 98% corresponden aparentemente a Aotus nancymae y el resto a Aotus vociferans”. La observación era en realidad una acusación: en primer lugar, porque la estación sólo tenía permiso para experimentar con Aotus vociferans; segundo porque la existencia del nancymaae no se había reportado en Colombia. La pregunta era automática: ¿de dónde había sacado Patarroyo los seiscientos nancymaae? De Perú y Brasil, clandestinamente, vulnerando la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (el CITES), suscrita por su país, y que exige la obtención de permisos para comerciar animales como los nancymaae, permisos de los que Patarroyo aún carece.
La bióloga colombiana Ángela Maldonado, galardonada con el prestigioso Whitley Award 2010 por su proyecto para la conservación de los monos nocturnos en la frontera amazónica de Perú, Colombia y Brasil.
una investigación peculiar
Ante la evidencia, el Ministerio de Ambiente no tuvo más remedio que abrir una investigación administrativa muy peculiar. Peculiar porque las “pruebas” mediante las que se cerró el caso fueron aportadas por el mismo Patarroyo: le bastó con dar su palabra de que en la estación no había nancymaae. Paralelamente, tal vez para evitar futuros problemas, adjuntó un artículo científico en el que anunciaba un hallazgo inesperado: en el lado colombiano del río Amazonas también había poblaciones de nancymaae. Al Ministerio le fue suficiente, pero los editores de la prestigiosa revista International Journal of Primatology, a la que Patarroyo remitió el artículo en busca de legitimidad científica internacional, rechazaron el artículo. “Dada la debilidad de la metodología y la falta de datos, este manuscrito no proporciona evidencia convincente de que hay Aotus nancymaae en el área”. Además pusieron en tela de juicio la honradez de los autores, que no habían explicado como hicieron el trabajo en once meses. “Como persona acostumbrada al trabajo de campo con primates, simplemente no lo considero posible”.
La razón por la que Patarroyo está interesado en que se acepte la existencia de nancymaae en Colombia se debe a que éstos (y no los vociferans, para los que sí tiene permiso), son los que utiliza en sus experimentos. Inexcusablemente, en la descripción de la metodología que acompaña sus reputados artículos científicos, el mismo Patarroyo explica: “Monos Aotus nancymaae de la cuenca amazónica, tatuados con sus números de identificación y conservados en una colonia de monos en la ciudad de Leticia, fueron usados en este experimento”. Y siempre: “El permiso para utilizarlos ha sido concedido por la autoridad colombiana competente, Corpoamazonía”. La primera afirmación supone reconocer la comisión de un delito; la segunda es falsa.
En esta imagen, de finales de septiembre de 2010, un empleado en la estación experimental de Patarroyo, carga un mono Aotus nancymaae, animales para los que no se tiene permiso de experimentación.
pruebAS
Pero si era necesario recopilar más evidencias de este tráfico ilegal, la bióloga Ángela Maldonado y su equipo de colaboradores se han dedicado a ello por espacio de tres años. Maldonado ha descubierto una red de colectores e intermediarios pertenecientes a los tres países, y ha descrito sus métodos, extraordinariamente agresivos con el ecosistema.
Por la noche los colectores nativos buscan a los monos, que salen para alimentarse; los encuentran comiendo y los siguen hasta su “nido” en las primeras horas de la mañana. Localizado el árbol, con la luz del día, los colectores tumban toda la vegetación en un radio de ocho metros, impidiendo de esa forma la huida de los animales. Entonces se tiende una red de pescar alrededor del árbol y uno de los colectores sube hasta el nido, haciendo bulla para que los monos, asustados, bajen en busca de su salvación. Entonces son capturados, llevados a las comunidades y encerrados hasta que los transportan a Leticia, donde se cobran hasta treinta euros por cada mono.
Los indígenas, que no ven la tele, ni leen los diarios, saben bien para quién trabajan. “Patarroyo”, contestan indefectiblemente. Tienen sus razones para dedicarse a este negocio: “La agricultura nos da apenas para comprar alguna cosita, pero necesitamos el dinero de los monos para comprar el material escolar, para el uniforme de los niños, para otras cosas”, asegura un colector del lado peruano que lleva varios años en esto. Desde hace tres años ya no los venden directamente; ahora todo es “legal”: los monos tienen que pasar por manos de intermediarios colombianos, debidamente acreditados por Corpoamazonía para trabajar, eso sí, sólo con vociferans.
Es esa necesidad de dinero la que asegura un continuo flujo de animales; ahí es donde encaja el proyecto conservacionista que lidera Ángela Maldonado, y que ha sido premiado con el Whitley Award de 2010 (conocido como el “Óscar verde”), dotado con sesenta mil libras esterlinas, y entregado por la princesa Ana de Inglaterra. “Queremos ofrecer alternativas productivas en estas comunidades para que no se vean obligadas a capturar monos”. Una de esas alternativas es la liofilización de frutas de la selva para su comercialización en Europa. “El reto de la conservación es que la gente reciba recompensa económica por desarrollar formas de vida respetuosas con el medio ambiente”.
Un “colector” peruano muestra una de sus capturas, que venderá a una intermediaria. Destino final: estación experimental de Patarroyo en Leticia.
MONOS CON ESTRÉS
Una de las colaboradoras de Maldonado en este proyecto de conservación es Lina Marcela Peláez, quien fuera médica veterinaria de la estación de primates de Patarroyo entre abril de 2004 y julio de 2005. Peláez se rebela contra el silencio que rodea al célebre investigador: “La gente tiene que saber la verdad de ese señor”, responde cuando le preguntan sobre su colaboración con Patarroyo. Recalca que en la estación se trabajaba fundamentalmente con nancymaae. “Los viernes eran los días de recepción de animales. A veces llegaban diez, veinte, treinta, incluso sesenta u ochenta…”.
En los quince meses en los que trabajó en la estación Peláez calcula que llegaron más de dos mil monos, pese a que el permiso de entonces estipulaba una captura de 1.600 monos (de la especie vociferans) por un período de dos años. La experiencia convenció a Peláez de que la investigación con monos silvestres es “científicamente absurda”. Y argumenta: “Los animales llegaban bien a la estación, pero su estado empeoraba rápidamente porque el encierro les causaba un gran estrés, que se sabe que altera la respuesta inmune, por lo que el resultado de los ensayos no podía ser fiable”. El estrés de la captura y el encierro, el tatuado del número de identificación, las punciones para realizar análisis de sangre… La salud de los monos se había deteriorado ya en el momento de inocular la vacuna y, posteriormente, el parásito de la malaria. Sumados estos factores, a la veterinaria no le sorprende que, después de treinta años, Patarroyo no haya dado con la anunciada vacuna, aún esquiva.
Tanto Maldonado como Peláez entienden la necesidad de usar animales en la investigación médica, pero consideran que Patarroyo ha vulnerado las normas éticas básicas, que se aplican de manera generalizada en laboratorios del mundo entero. La primera medida habría sido poner en marcha un criadero de monos. “Conseguir varias parejas y hacer que se reproduzcan en cautividad”, explica Peláez. “Los monos que nacen así están perfectamente adaptados a las condiciones y no sufren el trauma que hace enfermar a los monos silvestres capturados”. Para Peláez, de esa manera no se maltrata a los animales silvestres, y los resultados de la investigación son más fiables. “Eso sería lo justo legal, ética y científicamente…”. Y más caro, apunta Maldonado: “Para el laboratorio es mucho más económico continuar con la captura de animales silvestres, que implementar un criadero en cautiverio”.
Así quedó un mono nocturno tras su paso por la estación experimental de primates de Manuel Patarroyo. Presenta una afección en la piel conocida como dermatofilosis, así como agarrotamiento muscular, seguramente producto del estrés del cautiverio (Imagen proporcionada por Lina Marcela Peláez).
El proceso penal se encuentra en fase de indagación… y puede quedarse ahí. En junio de 2010 un fiscal de Leticia ya lo dejó en suspenso aduciendo no encontrar evidencia de la presencia de nancymaae en la estación, pese a que, vale la pena repetirlo, Patarroyo reconoce una y otra vez en sus artículos científicos el uso de este mono en sus experimentos. Pero Maldonado ha aportado evidencias adicionales, entre ellas, un examen genético encargado por Corpoamazonía al investigador Manuel Ruiz, de la Universidad Javeriana, con muestras de sangre entregadas por la propia estación, que confirmó la presencia de nancymaae.
Las pruebas son numerosas y contundentes, pero Maldonado y Peláez temen que la influencia del egregio Patarroyo, premio Príncipe de Asturias, amigo de jefes de estado, orgullo nacional, sea suficiente para bloquear la denuncia. Por eso, el abogado de Maldonado va a interponer una “acción popular”, un mecanismo judicial que vela por los derechos colectivos; con ella no solamente se demandará a la fundación del investigador, también al Ministerio de Ambiente, a la Procuraduría Ambiental y a Corpoamazonía, las entidades gubernamentales de las que depende el control de la actividad en la estación experimental de Patarroyo. “No entiendo por qué se le protege”, se lamenta Peláez. “Parece que en este país nos gustan los ídolos”. La justicia de Colombia tiene ante sí una nueva oportunidad de demostrar que en este país el imperio es de la ley.
