NARCOTRÁFICO EN EL AMAZONAS (I)Amazonia: Estado Narco
La región más remota de la Amazonia peruana ha sido tomada en los últimos años por la organización de Jair Ardila Micchue, el implacable Javier, que impone su voluntad a fuego y bala: escalofriantes masacres, pueblos indígenas desplazados, guerra abierta entre bandas rivales, corrupción policial… Un estado feudal al margen de la ley donde la presencia de las autoridades peruanas no pasa de testimonial, y las extensas fronteras con Colombia y Brasil se convierten en garantía de impunidad.
Incautación de cocaína en el Amazonas brasileño. El cargamento había partido de la Triple Frontera Brasil, Colombia y Perú, e iba camino de Manaos.
Texto por Carlos Suárez Álvarez. Fotos, fuentes oficiales.
Publicado originalmente en el número 158 de la revista Cáñamo, en febrero de 2011.
Los turistas llegan a la triple frontera amazónica de Brasil, Colombia y Perú en pos de la selva misteriosa y exuberante. Suelen alquilar un bote para quedar deslumbrados ante la magnificencia del Amazonas y la sugerente espesura de las orillas, mientras prestan atención a la sarta de estereotipos con las que los guías turísticos satisfacen sus ansias de exotismo.
Lo que nadie les cuenta es que a unos cientos de metros de donde tratan de hacer realidad sus fantasías, florecen extensos cocales y laboratorios de procesamiento de hoja de coca. No les cuentan que en el año 2010 la guerra por el control de la producción y el tráfico de base de cocaína y clorhidrato de cocaína han causado la muerte de decenas de personas sólo en las pequeñas ciudades de Leticia (Colombia) y Tabatinga (Brasil) y un número indeterminado de víctimas (se aventuran cifras centenarias) en las pequeñas comunidades indígenas y caseríos mestizos de la orilla peruana, muchos de los cuales dependen económicamente del pingüe negocio.
No les dicen una palabra de Javier, el más poderoso de todos los narcotraficantes, ni saben de su manía supersticiosa de consultar a los tabaqueros indígenas (curanderos a los que se atribuye la capacidad de leer el futuro) para tomar sus decisiones. Hasta 2008 los augurios fueron positivos: Javier estaría protegido para “coronar” sus cargamentos más voluminosos y enfrentar a los rivales más temibles. Animado por el pronóstico, en agosto de aquel año Javier mandó asesinar a su entonces jefe, el colombiano Antonio Porras Dos Santos, alias Gallero. Dos meses después, los seguidores del difunto Gallero se enfrentaron a Javier en una balacera que dejó a éste malherido en manos de la policía peruana. Trasladado a la ciudad de Iquitos y sometido a proceso judicial, recurrió su encarcelación aduciendo un defecto de forma y fue liberado unos meses después, en una decisión polémica. Cuando regresó a su feudo, ordenó matar a los adivinos que se las prometieron tan felices: a uno lo encontraron empalado.
Antonio Porras, alias Gallero, asesinado por su subalterno Jair Ardila Micchue.
IMPOTENCIA POLICIAL
Los enfrentamientos entre bandas rivales, los ajustes de cuentas, las venganzas, se han desatado con la máxima crudeza a lo largo de 2010; los hombres del traicionado Gallero tratan de recuperar, bajo el liderazgo de Alonso Mabesoy, el poder perdido; en medio de esta guerra sin cuartel, extensas áreas de la selva son territorio vedado para las fuerzas policiales. Un informe confidencial de la policía peruana revela su impotencia: “El día sábado, cuando se iba a desembarcar en el caserío Ramón Castilla fuimos emboscados por elementos de narcotraficantes y Sendero Luminoso. Eran aproximadamente noventa y se presume que cuentan con sub-ametralladoras M-16, lanzagranadas, pistolas, visores nocturnos. No hubo bajas de marinos y se presume que de terroristas tampoco”.
Los hombres de Javier y otros grupos campan a sus anchas. En los últimos dos años varios policías han sido asesinados de forma brutal. La dotación de la DIRANDRO (la agencia antidroga peruana) es escasa (quince policías) y carece de medios; a Javier se le atribuye un ejército de doscientos hombres y alianzas con diversas fuerzas, como Sendero Luminoso o las FARC; hasta el momento ha resultado imposible cualquier oposición. Las autoridades peruanas tomaron un respiro cuando en operación conjunta con fuerzas colombianas y brasileras se tomó el cuartel general de Javier, el caserío Hawai, sobre el río Amazonas. Pero el narco no tardó en regresar. Hoy todos saben dónde vive pero ¿quién le pone el cascabel al gato?
Falta de hombres, falta de medios, exceso de corrupción policial; según fuentes de la inteligencia peruana, el dinero del narcotráfico ha servido para sobornar generosamente a los miembros de la policía antinarcóticos en el pueblo fronterizo de Santa Rosa, sede de la DIRANDRO. Policías, políticos, periodistas… Puesto que Javier ya no puede circular libremente como antaño, cuentan que alcaldes, gobernadores y concejales no pueden rechazar (bajo pena de muerte) una invitación de Javier a su lujosa residencia. En la municipalidad de Leticia, uno de los concejales se encuentra ahora amenazado de muerte y goza de protección policial, que perderá cuando concluya su mandato. En los programas radiofónicos y en los periódicos locales: silencio absoluto.
La residencia de Jair Ardela Micchue, alias Javier, en la Triple Frontera.
¿gUERRILLEROS O PARAMILITARES?
La gente calla porque tiene miedo a morir. En pueblos indígenas de la orilla peruana del Amazonas, como Gamboa, Dos de Mayo o Mario Rivera, son frecuentes incursiones de grupos de treinta a cincuenta hombres que se desplazan en potentes deslizadoras, desafiantes, uniformados, armados con fusiles de largo alcance: secuestros, ejecuciones. Pese a los sangrientos episodios, nadie denuncia. Así interpreta una de estas incursiones, que se cobró la vida de cinco personas, un informe policial: “No se descarta que se trataría de narcotraficantes, quienes habrían contratado a hombres fuertemente armados, posiblemente terroristas de las FARC o paramilitares colombianos, quienes estarían teniendo nexos con Sendero Luminoso, quienes se encargarían de la seguridad y custodia de la mercancía y de amedrentar a los pobladores con el fin de ocasionar el abandono de dichos caseríos y así poder establecer sus sembríos y un lugar de descanso”.
Efectivamente, las calles de pueblos como Gamboa, donde varios moradores fueron asesinados, son hoy transitadas sólo por fantasmas. La inteligencia peruana considera que las FARC mantienen una alianza estratégica con Javier, quien coordinaría para el Frente 63 de esa organización el tráfico de armas. En ocasiones, los grupos armados dejan en sus incursiones octavillas en las que se identifican como miembros de la guerrilla colombiana. Sin embargo, el coronel Gilberto Pinilla, responsable de la Policía Nacional de Colombia en el departamento de Amazonas, niega este extremo: “Lo que se conoce hasta hoy es que son delincuentes colombianos vinculados a la actividad del narcotráfico, que simulan pertenecer a estos grupos terroristas y así doblegar a la ciudadanía ante la presión de ser integrantes de las FARC”.
La represión que las autoridades colombianas han ejercido en los últimos años sobre el narcotráfico en su territorio ha supuesto un desplazamiento de la actividad productiva, especialmente hacia Perú y Bolivia. En Colombia se calcula que la siembra y producción viene descendiendo notablemente; las últimas cifras ofrecidas por la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes aseguran que en 2008 hubo un descenso en las áreas cultivadas del 18% debido en gran medida a las erradicaciones manuales. Pero esta presión ejercida propicia lo que el economista peruano Hugo Cabieses denomina “efecto traslado”: los cultivos comienzan a aparecer en otras del mismo país o, como en el caso que nos ocupa, en otro país, especialmente en zonas fronterizas, alejadas de los centros logísticos del aparato militar y policial. De esta forma, en Perú, la superficie cultivada sigue aumentado al ritmo que decae en Colombia, y desde 1999 hasta 2008 ha crecido un 45%.
Las fronteras amazónicas constituyen una garantía de impunidad que los narcos saben aprovechar: aunque las fuerzas policiales y militares de los tres países tratan de coordinar su actuación (y en ocasiones realizan operaciones conjuntas), lo cierto es que cuando la policía colombiana persigue a un presunto narco por el río, éste sólo tiene que pasar a la orilla peruana para que la persecución finalice; o viceversa. Las fronteras son mil kilométricas, atravesadas por cientos de pequeños caminos y ríos que sólo los locales conocen, de control imposible, al igual que el espacio aéreo y las pistas de aterrizaje en medio de la selva, abundantes. Además, debido a su lejanía periférica, los medios son relativamente escasos para luchar contra uno de los principales focos de producción y tráfico del mundo. Para Gustavo Pivoto, delegado de la Policía Federal de Brasil en Tabatinga, esta vastedad se convierte en una “dificultad extrema”. Teniendo en cuenta las estimaciones de producción más conservadoras (doscientas toneladas) las incautaciones son irrelevantes: a lo largo del año 2009, poco más de seiscientos kilos; en 2010, una tonelada.
Las autoridades de la Triple Frontera consideran que la incautación de cocaína (1 tonelada en 2010) ni siquiera alcanza el 1% de la producción.
POR EL RÍO, AL MUNDO
Habitualmente, en los laboratorios peruanos se produce la base de cocaína, que se transforma en clorhidrato de cocaína (o sea, cocaína) en laboratorios de grandes ciudades como Manaos o Belém. Es una cadena productiva y comercial que implica a ciudadanos de los tres países. “Desde la frontera la cocaína va hasta Fortaleza –asegura Pivoto– y de ahí a Europa, pero en el camino hay dos grandes paradas: Manaos y Belém. Sin contar que en las pequeñas ciudades camino de Manaos dejan también en pequeñas ciudades para el mercado local”.
Los cargamentos que salen hacia Manaos son de diversa importancia; junto a los envíos espectaculares, los pequeños correos proliferan. “Es bastante común la existencia de mulas que llevan hasta Manaos por el río, que cobran mil reales por kilo (400 euros). Es muy poco pero es un dinero fácil, dulce. Existe la persona que quiere crear su propia organización: compra su kilo a mil dólares de pasta base o dos mil dólares de clorhidrato, y en Manaos le van a pagar cinco veces más. Y con eso comienza a capitalizar y a estructurarse”. El delegado de la Policía Federal considera que el narcotráfico es una de las escasas fuentes de ingresos en la región. “Es un dinero fácil en una ciudad que no ofrece posibilidades de empleo, donde la gran mayoría de la población trabaja en el campo… Usted llega con un dinero fácil para una persona que tiene familia, hijos, que está pasando hambre…”.
En esa dificultad para obtener dinero de manera legal, radica gran parte del éxito del negocio entre los pobladores de la región. Miles de familias dependen directamente de la producción y tráfico de cocaína: agricultores, recolectores, trabajadores de los laboratorios, suministradores de insumos químicos, acopiadores, mulas, camellos… Tal vez por esa dependencia va a ser necesario algo más que el fortalecimiento de la lucha antinarcóticos en la frontera, como ha anunciado el ministro del interior peruano, y siguen pregonando orgullosos los responsables de los otros dos países. Y si tienen éxito en su empresa represora en la frontera, ¿a qué valle, montaña o río, tendrán que mudarse los criminales para reiniciar una vez más su negocio, tan sangriento como rentable?
